Presentan panorama sobre la situación laboral en el sector automotriz en México
La Fundación Panamericana para el Desarrollo y la Industria Nacional de Autopartes presentan los resultados de un diagnóstico sobre la situación laboral en el sector automotriz en México.
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Gabriel Padilla, de la INA, destacó tanto el impacto económico de la industria automotriz en su conjunto y la posición estratégica de la industria de autopartes dentro de este ecosistema.
Fuente: Toyota
Valeria Uribe, directora nacional en México de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), y Gabriel Padilla, director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA), presentaron los resultados del diagnóstico sobre la situación laboral en el sector automotriz en México con la presencia de Mauricio Cortes, agregado laboral de la Embajada de Estados Unidos en México.
Este estudio, elaborado por la Universidad de Celaya en colaboración con la PADF, la INA, clústeres automotrices y cámaras empresariales, evaluó la implementación de la Reforma Laboral y el capítulo 23 del T-MEC en 261 empresas de diversas regiones.
Algunos de los hallazgos más importantes que se presentaron fueron los siguientes: el 92 % de las empresas del sector mejoraron su conocimiento sobre la legislación laboral, mientras que el 20,7 % aún reportan incidentes de violencia laboral. El 75 % de las empresas legitimaron sus contratos colectivos de trabajo, lo que supone el mayor porcentaje de contratos legitimados.
Uribe destacó que este diagnóstico, desarrollado con rigor académico y una metodología mixta cuantitativa y cualitativa, ofrece una visión integral de la situación laboral en el sector automotriz y evalúa los avances en temas clave como el cumplimiento normativo, la prevención de la discriminación, la equidad de género, la libertad de asociación y el diálogo social.
“El objetivo de este estudio no es solo medir el nivel de cumplimiento de la Reforma Laboral y el Capítulo 23 del T-MEC, sino también identificar áreas de oportunidad para construir una industria más justa, inclusiva y competitiva. Gracias al apoyo del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, hemos diseñado programas de capacitación gratuitos, basados en pruebas y enfocados en las necesidades reales del sector”, señaló Uribe.
Además, subrayó que los cambios impulsados por la Reforma Laboral y el T-MEC no solo han transformado las reglas del trabajo, sino que también están redefiniendo las relaciones laborales en México, promoviendo la democracia sindical, el derecho de asociación y la negociación colectiva.
Uribe concluyó haciendo hincapié en la importancia de la colaboración entre los diversos actores involucrados en este esfuerzo, incluidas las empresas, los organismos gubernamentales y las cámaras empresariales.
Por su parte, Gabriel Padilla, de la INA, destacó el impacto económico de la industria automotriz en su conjunto y la posición estratégica de la industria de autopartes dentro de este ecosistema.
Subrayó que la industria automotriz mexicana mexicana no solo es un motor económico, sino también un modelo que muestra cómo se pueden integrar los derechos laborales en la competitividad.
“Este sector no solo genera el 4.7 % del PIB nacional y el 21.7 % del PIB manufacturero, sino que además ha demostrado que el cumplimiento de los derechos laborales no es un costo, sino una inversión estratégica que fortalece nuestra posición global”, afirmó Padilla.
En este contexto, el directivo resaltó que México ocupa el séptimo lugar mundial en producción de vehículos y el cuarto lugar en producción de autopartes, con un valor estimado récord de 126,149 millones de dólares para finales de 2024. Esto representa un crecimiento del 4.9 % en comparación con los 120,254 millones de dólares registrados en 2023.
Padilla también hizo hincapié en la importancia del curso de especialización “Sistema de Justicia Laboral y T-MEC para la Industria Automotriz”, organizado en colaboración con la PADF y la Universidad Iberoamericana, que ha concedido 360 becas para esta formación profesional.
El evento concluyó con un llamamiento a la colaboración entre el gobierno, las empresas y la academia para transformar los hallazgos del diagnóstico en acciones concretas que fortalezcan la competitividad del sector, promuevan la inclusión y garanticen el respeto a los derechos laborales.
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